i. A mediados de los años setenta, y por diversos motivos, comenzó a darse un generalizado cuestionamiento y reforma del llamado Estado de bienestar o, para otros, Estado Providencia. Su idea fraguó, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, pero venía de antes, acompañada de las luchas sociales y políticas de los movimientos de trabajadores, que intentaban regular socialmente las manifestaciones del capitalismo. Además, el "crash" del 29, la experiencia de las dos guerras, la emergencia del campo socialista, todo ello contribuyó -después del 45-, a un singular compromiso de distintos sectores económicos, políticos y sociales en pro de una convivencia en la cual fueren garantizados estatalmente ciertos niveles de protección y seguridad social para todos(1). De esa manera podía enfrentarse el desequilibrio en el goce de las libertades y los derechos formalmente consagrados frente a la marcha rauda del mercado. El traslado a nuestra América de este ideal -de inspiración socialdemócrata o liberal social-, nunca se realizó a cabalidad.
Lo cual no quiere decir, claro está, que no tuviéramos enormes desigualdades históricamente continuadas en el acceso al poder, saber y tener. Las propias estructuras e instituciones de talante conservador y jerarquizantes, hacían que la lucha por mayores cuotas de igualdad fuera tarea a contracorriente y aún hoy, una tarea pendiente para la mayor parte de los países de la región. Más aun cuando, desde mediados de los setenta vivenciamos -de la mano de regímenes militares afiliados a una doctrina de Seguridad Nacional- un enorme retroceso en el imaginario social respecto al tema de las desigualdades e injusticias: No hay tal se dijo por los técnicos y especialistas, venidos la mayor parte, del continente norteamericano.
Lo que hay es una insuficiente promoción de libertades y emprendimiento individual. Para ello era necesario al mismo tiempo, des-socializar y privatizar el precario Estado asistencial y sus prestaciones universales. Si con ello dejamos a las antiguas y nuevas riquezas, al capital, prosperar, si flexibilizamos el trabajo, entonces tendremos -por arte y milagro del "chorreo"- más crecimiento y mejores condiciones de vida para todos.
La nueva lógica del neo-liberalismo -afirmada entonces en la crisis del Estado de bienestar y la caída del socialismo real- tenía su consagración a nivel mundial en el así llamado "consenso de Washington". El compromiso interclasista y social estaba roto. La universalidad de las prestaciones y la seguridad social, también.
ii. Pues bien, la mayor parte de los organismos internacionales dedicados al tema del desarrollo ha comprobado que, en los últimos veinte años (de ajuste estructural y de políticas sociales focalizadas), no se ha cerrado la brecha de las desigualdades ni a nivel internacional ni a nivel latinoamericano. Al contrario, ésta ha aumentado en los países del norte, entre los del norte y del sur, y por cierto, al interior de nuestros propios países. Incluso cuando al mismo tiempo se ha tenido éxito de disminuir la pobreza dura. Al mismo tiempo en que se expandía el ideario de las democracias a nivel internacional, se consagraban nuevas y viejas desigualdades, poniendo un signo de interrogación en torno a la viabilidad del ejercicio de políticas democráticas en general, y en el ámbito social en particular(2).
Según el Informe del Desarrollo Humano (PNUD, 2003), la relación de la renta de la quinta parte más rica de la población mundial, respecto al quinto más pobre, pasó, de 30 a 1 en los años 60, a 60 a 1 en los 90. En el año 97, esa diferencia era de 74 a 1.
Ahora bien, esa diferencia se expresa también en nuestro continente. Por primera vez, un estudio encargado por el Banco Mundial, que lleva por significativo título, "Desigualdad en América Latina y el Caribe: ruptura con la historia" ¿ (2003)(3), sostiene- y por tanto, reconoce-, que las desigualdades conforman un ingrediente estructural e histórico de las relaciones sociales, sea referido al diferencial de ingreso, al acceso al poder y saber, o a las relaciones con el poder judicial. Y que, por ello mismo, han acompañado y afectado el proceso de desarrollo en nuestra América desde sus inicios.
Según sus datos, en nuestra América el 10% más rico recibe entre el 40 y el 47% del ingreso total, mientras que el 20% más pobre, recibe entre el 2% y el 4%. Al mismo tiempo, si nos remitimos por ejemplo a indicadores de desigualdad, la última Casen (2006) consigna para Chile un índice Gini de 0, 54 [1]. Promedio que nos ubica entre las peores distribuciones del ingreso a nivel mundial y latinoamericano.
El ingreso promedio autónomo de hogares ubicados en el 20% más rico, respecto del 20% más pobre, es de 14 veces más. Y podríamos seguir. Las desigualdades respecto al acceso a salud, educación, pensiones, etc. Sin contar con que el modelo de crecimiento en las últimas décadas ha promovido una concentración económica, patrimonial y de medios de comunicación, muy importante. Es conocido ese proceso en los rubros de la banca, la generación eléctrica, las farmacias, las AFP’s, las Isapres,entre otros. Proceso que se liga al fenómeno de las desigualdades y termina poniendo un signo de interrogación sobre la gobernabilidad de nuestras propias democracias. Probablemente todo ello tenían ya en mente los obispos cuando- en una declaración de abril del 2005-, afirmaban que "las diferencias sociales, manifestadas en calidad de vivienda, acceso a bienes de consumo, salud, educación, salario, alcanzan niveles escandalosos". Más cerca de nosotros, este año, tuvimos las declaraciones de Monseñor Goic, quien, a raíz de su intervención en el conflicto de los trabajadores de el Teniente y Codelco, habló de la necesidad de establecer un salario o sueldo ético, es decir, uno que permita a los trabajadores vivir acorde a su dignidad de seres humanos.
Se pueden leer estas evaluaciones sobre la marcha de la sociedad, no sólo como debilidad de este u otro gobierno y sus políticas en particular, sino como un signo de interrogación de la capacidad de integración social, de condiciones de una vida digna y de justicia que posee el actual modelo económico, y el rol que han jugado en ello la política social y el mercado. Representan, las desigualdades, un desafío no sólo para un gobierno determinado, sino para todo el país, sus principales actores sociales, políticos, económicos y culturales. Esta situación incide en el tipo de sociedad y de instituciones políticas y sociales que deseamos tener. En el tipo de modernidad que deseamos alcanzar. De allí entonces la pertinencia del debate abierto sorpresivamente después de las declaraciones de M.Goic, y que llevaron hasta la creación de una Comisión para la Equidad a nivel presidencial, la cual tiene que proporcionar alternativas en el 2008. En esta discusión volvió a manifestarse cierto dualismo en el enfoque de estas temáticas en la élite del pais: son éstos asuntos cuestiones a dilucidar solamente desde el nivel de factibilidad técnica, por tanto , neutros, y no axiológicos, o, más bien, tras ellos hay siempre una cierta visión de la sociedad que compromete dimensiones normativas fundamentales desde las cuales ordenar los componentes técnicos?.
iii. Frente al cuestionamiento del modelo de Estado de Bienestar, a la crisis de los socialismos reales, y al aumento en la brecha de las desigualdades, ciudadanos de distintas ocupaciones y latitudes han iniciado una reflexión en torno a la necesidad de refundar un Estado Social de Derecho. Un Estado con esos adjetivos, sostienen, tiene que apuntar a garantizar para todos sus miembros, un ingreso (renta) básico ciudadano. Este ingreso ciudadano garantizado (por el Estado) desde la cuna hasta la muerte, tiene algunos rasgos que lo destacan.
Primero, su carácter de incondicional. Es decir, se daría sin hacer excepciones a todos los miembros de una comunidad política determinada. Esto significa asegurar un ingreso de manera independiente del sexo, el nivel de ingresos (si es rico o pobre) o las orientaciones religiosas de los miembros de la sociedad. Segundo, a su incondicionalidad se une por tanto su universalidad. Tercero, va en parte más allá del vínculo productividad /bienestar, en tanto quiere asegurar a todos los miembros de la sociedad un umbral mínimo de bienestar de modo independiente a su contribución a la producción del país. Cuarto, con ello se pretende asegurar grados mínimos de autonomía e independencia material a todos, con lo cual los ciudadanos pueden liberarse de la necesidad de "pedir permiso a terceros para poder subsistir".
Quienes requieran de más ingreso para aumentar su bienestar, podrán contar ya con ese punto de partida, y con ello mejorar su capacidad de negociación y su libertad en los puestos de trabajo. Su fundamento ético salta a la vista: se trata de un ingreso dado a toda persona por el solo hecho de ser tal. Su objetivo principal, frente al cuadro actual de desigualdades, puede adivinarse: poder garantizar condiciones materiales de vida digna y ejercicio de libertades al conjunto de la población. Desde esta óptica puede renovarse y modificarse el fundamento de la responsabilidad social del Estado y la sociedad consigo misma. De esta forma, con independencia material se otorga un poder de negociación que resulta muy necesario para llevar a cabo realmente los planes de vida que se escogan , y evitar la posibilidad de quedar convertido en un instrumento de terceros. Porque, como sostienen Raventós y Casassas, “sin independencia socioeconómica no hay libertad. Las grandes desigualdades generan inmensas desproporciones de poder. Las grandes asimetrías de poder (…) dan lugar a un problema de falta de libertad real para una gran parte de la población (…)”. El ingreso básico ciudadano “conforma un instrumento capaz de hacer real el derecho de existencia de toda la población. Entre otros medios, a través de un aumento del poder de negociación de los pobres y de los dominados”(4) . Y lo hace desde una base definicional que lo distingue de lo que puede ser un ingreso o salario mínimo ( o de subsidios condicionados) , en cuanto se trata de “un ingreso conferido por una comunidad política a todos sus miembros, sobre una base individual, sin control de recursos ni exigencia de contrapartida(5).
Ya no se trata, como en las políticas sociales actuales, de orientar focalizadamente a tales o cuales grupos (en mayor riesgo) de la sociedad la ayuda o el subsidio, basado en la idea que un crecimiento económico sin cuotas mínimas de equidad para los más perjudicados, no es rentable a mediano plazo. Tampoco, claramente, el dejar a los mecanismos impersonales del mercado (el así llamado "chorreo"), la tarea de reasignar los bienes básicos para una vida decente. En ambos casos habrá miles de ciudadanos que no podrán acceder de manera estable a condiciones materiales decentes para ellos y sus familias. En ambos casos, esos ciudadanos serán responsabilizados de su propio malvivir.
La base normativa del ingreso básico ciudadano garantizado es el derecho a una existencia digna del conjunto de miembros de una sociedad dada (mayores y menores de edad). Una existencia digna requiere bases materiales para autosostenerse. Con la obtención de ellas se apunta a crear condiciones para el ejercicio de una libertad real para cada ciudadano y ciudadana, desde la cuna hasta la muerte. Por cierto, la idea de un ingreso básico ciudadano no es una panacea para eliminar las desigualdades existentes, así como tampoco puede por sí sola modificar de raíz el modelo actual de economía.
Esto en particular para un continente como el nuestro, con una historia arraigada de desigualdades en distintos ámbitos. Ahora bien, sabemos que estas discusiones han tenido su origen en países europeos desarrollados, y para algunos eso los hace pensar que sólo podría llevarse a cabo en países ya ricos. Sin embargo, creemos que, a pesar de nuestras diferencias de desarrollo, es una discusión pertinente entre nosotros en función de los niveles de desigualdad y exclusión social que tenemos hoy en día y que podemos proyectar hacia el mañana de no tomar decisiones adecuadas y sin tardanza.
Por lo demás, la relación entre la riqueza social que existe acá [2] y los costos de niveles básicos de vida hacen pensable su posibilidad. Al menos, puede pensarse una implementación gradual de esta idea.
Por último, es posible preverlo: para algunos puede sonar a idea "utópica". Pero no lo es. Puede calcularse y obtenerse a partir de la misma riqueza social que produce toda la sociedad. De hecho, se tienen ya algunas experiencias al respecto en el estado americano de Alaska, y en el DF de la Ciudad de México. Con todo, como afirman Van Parijs y Vanderborght, “ sea en el empeño de defenderla, sea en el de desarmarla, la necesidad de reflexionar alrededor de ella (renta básica ciudadana) se impone, en lo sucesivo, a cualquiera que se esfuerce en repensar en profundidad las funciones del Estado social frente a la “crísis” multiforme a las que éste se enfrenta, a cualquiera que busque el medio para reconfigurar la seguridad económica con miras a dar respuesta a los desafíos de la mundialización, a cualquiera que alimente la ambición de ofrecer una alternativa radical e innovadora al neoliberalismo”(6).
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[1] El coeficiente de Gini es una medida o indicador de distribución de ingresos donde la cercanía con el cero, nos habla de mayor igualdad, y por el contrario, la aproximación a 1, de mayor desigualdad. Para que nos hagamos una idea, en Europa por ejemplo, se vive bastante mejor. La mayor parte de sus componentes exhibe un índice de Gini que oscila entre 0,30 y 0,34. Algunos como Italia y Portugal están entre 0,35 y 0,39. Y, en particular los países nórdicos, pueden tener un índice entre 0,25 y 0,29.
[2] Para mayor información puede consultarse la red conformada en función de esta temática desde 1986 Basic Income Earth Network, en www. basicincome.org.
Notas
(1) Esta relación entre la propuesta del ingreso básico ciudadano y reinvindicaciones históricas similares está muy bien expuesta en el trabajo de P.Van Parijs y Y.Vanderborght, La Renta Básica, Paidós Estado y Sociedad 141, Barcelona, 2006, en especial, véase pp. 22 -36.
(2) Esto lo consigna muy bien el Informe del PNUd regional, La Democracia en América Latina y el Caribe, del 2004 (Aguilar,Altea,Taurus,Alfaguara, BsAs, ) . Allí se muestran las dudas que tienen ciudadanos y ciudadanas de nuestra América respecto a la marcha de las democracias recuperadas.Y justamente, uno de los puntos en dificultad tiene que ver con la incapacidad de aquellas paa garantizar un ejercicio mas igualitario de poder social y,al mismo tiempo, de asunción y promoción de los derechos económicos,sociales y culturales.
(3) Cfr. Desigualdad en América latina : Rompiendo con la historia?, De Ferranti, G.E.Perry- F.H.G.Ferreira- M.Wolton, Bco Mundial/Alfaomega, Colombia, 2005.
(4) Véase, de D.Raventós y D.Casassus, Renta Bäsica, en webs.uvigo.es/consumoetico/rentabasica.htm.
(5) P.Van Parijs y Y.Vanderborght, La Renta Básica, op cit., p.25.
(6) V.Parijs y Y.Vanderborght,
La Renta Básica, p. 22.
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